Persisten protestas en Chihuahua por acuerdo hídrico vigente hasta 2027

Diversas organizaciones civiles y colectivos ciudadanos en Chihuahua han intensificado sus movilizaciones durante los últimos días para exigir mayor transparencia sobre el acuerdo de cooperación hídrica suscrito con Israel, el cual mantiene su vigencia hasta el año 2027. Los inconformes señalan que, en un contexto de escasez severa que afecta a diversos sectores productivos y poblacionales, es necesario conocer con precisión los costos financieros, la lista de beneficiarios directos y el impacto real que tendrá el convenio en el acceso al agua para los ciudadanos. La demanda central de los manifestantes radica en la incertidumbre sobre cómo se traducirán estas acciones técnicas en una mejora tangible para la gestión de los recursos hídricos en el estado.

El convenio, que abarca áreas estratégicas como la detección y reparación de fugas, la optimización de sistemas de riego, el tratamiento de aguas residuales y el manejo técnico de acuíferos, ha sido defendido por la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS). Representantes de la dependencia estatal han reiterado que el acuerdo se limita estrictamente a una cooperación técnica y de intercambio de conocimientos especializados. Según la postura oficial, el pacto no contempla en ningún momento la cesión del control soberano sobre los recursos hídricos de la entidad ni otorga concesiones a empresas extranjeras sobre el manejo del agua.

No obstante, los activistas mantienen su postura crítica y argumentan que la opacidad en los detalles del contrato genera desconfianza, especialmente ante la crisis climática que atraviesa la región. Integrantes de diversos colectivos han solicitado formalmente que se realicen mesas de trabajo para revisar el alcance de las acciones proyectadas y asegurar que los recursos públicos destinados a este proyecto se utilicen de manera eficiente y prioritaria para cubrir las necesidades de consumo humano.

La controversia refleja la creciente tensión social en Chihuahua respecto a la gobernanza del agua, un recurso cada vez más limitado ante las sequías recurrentes. Mientras el gobierno estatal mantiene que el acuerdo es una herramienta esencial para modernizar la infraestructura hídrica, los grupos civiles han advertido que continuarán con las protestas y solicitudes de información hasta obtener documentos claros que garanticen que el manejo del agua permanece bajo control público y al servicio de la población.