El sector agropecuario mexicano enfrenta una crisis de rentabilidad por factores externos

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) ha señalado esta semana que el campo mexicano atraviesa un periodo de alta complejidad debido a la convergencia de retos económicos y operativos. Factores como la apreciación del peso frente al dólar, los elevados costos de los insumos y la persistente inseguridad en diversas regiones productivas están presionando severamente los márgenes de utilidad de los productores nacionales.

A esta situación se suma la incertidumbre generada por el entorno internacional, particularmente en lo referente a la revisión del T-MEC y los conflictos geopolíticos que han encarecido las cadenas de suministro globales. El sector agroindustrial reporta que la volatilidad en los mercados y las dificultades de logística han complicado la colocación de productos mexicanos tanto en el mercado interno como en el exterior.

La crisis hídrica también figura como un elemento crítico en la agenda del sector. La sequía prolongada que afecta a gran parte del territorio nacional ha limitado la disponibilidad de agua para riego, obligando a los agricultores a reducir sus superficies de siembra o a buscar alternativas tecnológicas costosas para optimizar el recurso disponible. Esta carencia de infraestructura hídrica adecuada agrava el panorama de vulnerabilidad para las cosechas de temporada.

En cuanto a los riesgos operativos, la extorsión sigue siendo una preocupación central que inhibe el desarrollo económico en las zonas rurales. El CNA ha enfatizado la necesidad de una mayor coordinación con las autoridades de seguridad para proteger las rutas de transporte y las instalaciones agrícolas, pues los costos derivados de la inseguridad impactan directamente en el precio final de los alimentos para las familias mexicanas.

El organismo empresarial ha hecho un llamado a las autoridades federales para buscar mecanismos que permitan mitigar el impacto de estos factores. Entre las propuestas planteadas, destacan la implementación de programas de financiamiento más accesibles, la inversión en infraestructura hidráulica y el fortalecimiento de la seguridad pública en las zonas de mayor producción, con el objetivo de garantizar la soberanía alimentaria y la estabilidad de la agroindustria nacional.