La salud mental y el peso de la historia judicial en México

La atención sobre los trastornos mentales graves y su impacto en el núcleo familiar ha cobrado relevancia tras diversos sucesos recientes que han conmocionado a la opinión pública mexicana. Estos casos, marcados por crisis de salud mental no atendidas, exigen una revisión profunda sobre cómo el Estado mexicano gestiona la detección temprana y el tratamiento de pacientes con padecimientos psiquiátricos severos que representan un riesgo para sí mismos o para terceros.

En la memoria colectiva del sistema judicial mexicano, el caso de Claudia Mijangos, ocurrido en Querétaro en 1989, persiste como un referente histórico sobre la intersección entre la ley y la psiquiatría. Tras el asesinato de sus tres hijos, el proceso judicial de aquel entonces marcó un precedente sobre la inimputabilidad basada en diagnósticos médicos, dejando lecciones que siguen siendo discutidas por especialistas en derecho penal y salud pública en la actualidad.

El sistema de salud actual, integrado por el IMSS-Bienestar y las instituciones estatales, enfrenta el reto de superar la saturación y la falta de especialistas en psiquiatría en muchas entidades federativas. Organizaciones de la sociedad civil han señalado que la estigmatización de las enfermedades mentales impide que muchas personas busquen ayuda antes de que se presenten crisis irreversibles, lo que traslada la carga de la contención hacia las instancias de seguridad pública.

Desde la Secretaría de Salud se ha planteado la propuesta de ampliar la cobertura de servicios de salud mental en clínicas de primer nivel, buscando descentralizar la atención especializada. Esta estrategia tiene como objetivo que los pacientes reciban un seguimiento continuo y personalizado, evitando que los episodios de crisis lleguen a desenlaces fatales que requieren la intervención de la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales.

La coordinación entre la Secretaría de Salud y las autoridades judiciales resulta fundamental para garantizar que los peritajes médicos sean precisos y que el tratamiento de quienes sufren trastornos mentales no sea exclusivamente punitivo. El desafío para el Estado mexicano radica en equilibrar la protección de la integridad de los ciudadanos con el respeto a los derechos humanos de los pacientes que requieren atención especializada y permanente en instituciones adecuadas.