Proyecto de Presupuesto 2027 propone impuesto mínimo sobre ventas empresariales

El proyecto del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), contempla una reforma relevante en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). De aprobarse en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, las empresas en México estarían obligadas a pagar un gravamen mínimo equivalente al 3.3 por ciento sobre el total de sus ventas anuales, incluso si la compañía reporta pérdidas contables al cierre del ejercicio.

Esta propuesta busca asegurar una recaudación base constante para el Estado, argumentando la necesidad de fortalecer los ingresos públicos ante los requerimientos de los Programas de Bienestar y los proyectos de infraestructura prioritarios del Gobierno Federal. La medida ha generado un intenso debate en el sector empresarial, donde especialistas en materia fiscal analizan el impacto que este esquema tendría sobre la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, así como en la competitividad del mercado nacional.

Actualmente, el ISR se calcula sobre la utilidad fiscal, lo que permite que las empresas que operan con números rojos queden exentas de este pago. Con el nuevo planteamiento, la autoridad hacendaria pretende eliminar la posibilidad de que las corporaciones eviten el pago de impuestos mediante la declaración de pérdidas, estableciendo un piso de recaudación que se aplicaría de forma obligatoria independientemente de la rentabilidad real de cada unidad económica.

El análisis del documento en el Congreso de la Unión se perfila como uno de los puntos más complejos del proceso legislativo para los próximos meses. Mientras la bancada mayoritaria defiende la propuesta como una medida de justicia contributiva, representantes de diversos gremios empresariales han solicitado mesas de trabajo con los legisladores para evaluar posibles ajustes que eviten afectar la operatividad de los negocios durante el próximo año.

La discusión sobre esta reforma fiscal se mantendrá en el centro de la agenda pública mientras se acercan las fechas límite para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. El resultado de esta votación definirá el marco de obligaciones tributarias para el 2027, marcando un cambio significativo en la relación entre el sector privado y el SAT.