Proponen nuevos candados fiscales para la creación de empresas en México

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar presentó una propuesta legislativa ante el Congreso de la Unión con el objetivo de modificar los requisitos para la inscripción de nuevas empresas ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). La iniciativa busca obligar a los socios y accionistas a demostrar fehacientemente su capacidad económica, así como acreditar el origen lícito de los recursos destinados al capital social de las compañías que pretenden constituirse en el país.

De acuerdo con la propuesta, esta medida responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para prevenir la creación de empresas fachada o sociedades utilizadas para el lavado de dinero. Al elevar los estándares de entrada, se pretende que la autoridad hacendaria cuente con herramientas más robustas para verificar la integridad financiera de quienes inician actividades económicas, garantizando que el capital invertido tenga una trazabilidad clara desde su origen.

La iniciativa sugiere que, al momento de solicitar el alta en el RFC, los interesados deban presentar documentación que valide la solvencia financiera de los socios fundadores. Esto incluiría comprobantes bancarios y declaraciones fiscales previas que sustenten los fondos utilizados para el capital social, evitando así el uso de prestanombres o capitales de procedencia no identificada que podrían comprometer la transparencia del sistema tributario nacional.

Este planteamiento forma parte de una estrategia más amplia para reducir la evasión fiscal y combatir las operaciones simuladas que afectan la recaudación federal. De ser aprobada por el Poder Legislativo, la reforma implicaría una revisión integral a los procesos administrativos que actualmente gestionan el SAT y el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, estableciendo un filtro adicional que podría modificar la dinámica actual de emprendimiento y formalización de negocios en México.

Aunque la propuesta se encuentra en etapa de análisis legislativo, ha generado diversas opiniones sobre el impacto que tendría en la agilidad de los trámites mercantiles. Mientras el sector gubernamental sostiene que la medida es indispensable para la seguridad financiera, cámaras empresariales han señalado la importancia de equilibrar el control fiscal con la simplificación administrativa necesaria para fomentar la inversión y el crecimiento económico en las diversas entidades federativas.