Partido político utilizó recursos públicos para diplomados con bajo rendimiento académico
Un informe de fiscalización revela irregularidades en el financiamiento de capacitación partidista y contrataciones de servicios con proveedores que incumplían los requisitos técnicos establecidos.

Un reciente informe de fiscalización electoral ha señalado irregularidades en el uso de recursos públicos asignados a un partido político, tras detectar que los fondos destinados a diplomados de capacitación no cumplieron con los objetivos académicos esperados. Según los auditores, una parte significativa de los militantes que participaron en estos programas reprobó las evaluaciones finales, cuestionando la eficacia y la transparencia en la ejecución del presupuesto público otorgado para la formación política.
El documento también detalla inconsistencias en la contratación de servicios especializados para talleres de formación interna. El partido habría adjudicado un contrato por un monto equivalente a 110 mil soles a un proveedor externo que no acreditó la experiencia mínima requerida en los términos de referencia. Mientras las bases exigían al menos dos años de trayectoria comprobable en el sector, la empresa seleccionada apenas contaba con ocho meses de operación formal al momento de la firma.
Ante estos hallazgos, las autoridades electorales han iniciado un proceso de revisión contable para determinar si existen responsabilidades administrativas por el manejo de los recursos. La normativa vigente exige que todo gasto realizado por los partidos políticos mediante financiamiento estatal sea justificado estrictamente bajo criterios de eficiencia, calidad y cumplimiento de perfiles técnicos para evitar el desvío de capital público hacia fines improductivos.
Representantes del área de finanzas del instituto político han señalado que se encuentran revisando los expedientes técnicos para aclarar las dudas planteadas por el informe. Asimismo, han indicado que colaborarán con las diligencias necesarias ante el organismo electoral para garantizar que la rendición de cuentas se ajuste a lo estipulado por la ley, comprometiéndose a implementar controles más rigurosos en futuras contrataciones y programas de capacitación.
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