Layda Sansores mantiene a Marcela Muñoz en seguridad pese a señalamientos
La gobernadora de Campeche ratifica a la secretaria de seguridad estatal, desestimando las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, confirmó este 6 de octubre la permanencia de Marcela Muñoz Martínez al frente de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del estado. Esta decisión se da a pesar de las recomendaciones emitidas desde junio pasado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, organismo que ha señalado irregularidades en el desempeño de la corporación bajo su mando.
El conflicto se centra en las observaciones hechas por la comisión tras incidentes documentados en meses previos, donde se cuestionó el protocolo de actuación de los elementos de seguridad y el liderazgo de la titular. A pesar de la presión social y las solicitudes formales de diversos sectores para que se realizara un cambio en la cúpula de seguridad estatal, el Poder Ejecutivo local ha optado por respaldar la gestión actual de la funcionaria.
Fuentes cercanas a la administración estatal indicaron que la gobernadora sostiene que los resultados operativos justifican la continuidad de Muñoz Martínez en el cargo. La postura del gobierno estatal subraya que las recomendaciones de la comisión son analizadas, pero no implican necesariamente una destitución inmediata, priorizando la estrategia de seguridad implementada en la entidad durante el presente año.
Por su parte, colectivos y ciudadanos que han seguido de cerca el caso han manifestado su desacuerdo con la resolución, argumentando que la falta de cambios en la titularidad de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana debilita la confianza institucional. La tensión persiste en el ámbito político local mientras diversos actores buscan que se garantice una mayor transparencia y rendición de cuentas en las fuerzas de seguridad pública.
Este escenario refleja la complejidad de la política en Campeche, donde la relación entre las instituciones de derechos humanos y el gobierno local atraviesa un periodo de fricción constante. Mientras la administración estatal se mantiene firme en sus nombramientos, el debate sobre la seguridad pública y el respeto a las garantías individuales continúa siendo un tema central en la agenda pública de la entidad.
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