Human Rights Watch cuestiona impacto de derechos de audiencias en México

Human Rights Watch (HRW) emitió un pronunciamiento este miércoles en el que expresa su preocupación sobre las implicaciones de los llamados "derechos de las audiencias" en el marco jurídico mexicano. La organización señala que la estructura actual permitiría a la Comisión Reguladora imponer sanciones económicas y administrativas a los medios de comunicación, una medida que, según analistas consultados por el organismo, podría derivar en una forma de censura indirecta sobre la labor periodística nacional.

De acuerdo con el reporte difundido por la entidad, el riesgo principal radica en la ambigüedad de los criterios utilizados para determinar las infracciones. Al otorgar facultades discrecionales para sancionar contenidos, el Estado mexicano corre el riesgo de inhibir la pluralidad de opiniones y la crítica pública, elementos esenciales para el ejercicio de la libertad de expresión en una democracia consolidada.

La postura de HRW subraya que, si bien la protección de las audiencias es un objetivo legítimo, el diseño institucional actual carece de los contrapesos necesarios para evitar el uso faccioso de estas regulaciones. La organización enfatiza que cualquier mecanismo de control estatal debe estar estrictamente limitado para no vulnerar los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México.

En el contexto actual, diversos gremios periodísticos y organizaciones de la sociedad civil han solicitado al Congreso de la Unión una revisión profunda de la normativa vigente. La intención es clarificar las atribuciones de los entes reguladores para garantizar que la supervisión de los medios no se traduzca en una herramienta de presión política o económica contra las empresas de comunicación y los periodistas independientes.

Hasta el momento, no se han anunciado modificaciones legislativas concretas por parte de las autoridades federales para atender estos señalamientos. El debate sobre el equilibrio entre la regulación mediática y la libertad de prensa permanece como un punto de tensión en la agenda pública, a la espera de una resolución que brinde certeza jurídica a los medios de comunicación en el país.