Diputados aprueban reforma que exige nacionalidad mexicana única a candidatos

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó este miércoles, en lo general, la reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que establece la obligatoriedad de contar únicamente con la nacionalidad mexicana para quienes aspiren a cargos de elección popular. Con 344 votos a favor, el pleno legislativo avaló el dictamen que busca asegurar que los representantes populares mantengan una lealtad exclusiva hacia el Estado mexicano en el ejercicio de sus funciones públicas.

La propuesta, que ahora deberá ser discutida y votada en el Senado de la República para continuar con su proceso legislativo, forma parte de una serie de ajustes a la normativa electoral impulsados por el Ejecutivo federal. De acuerdo con el documento presentado por la presidencia, el objetivo principal es evitar posibles conflictos de interés o lealtades divididas al momento de tomar decisiones estratégicas para el país, particularmente en puestos de alta responsabilidad dentro de la administración pública y la representación legislativa.

Durante la sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los legisladores debatieron los alcances de esta medida que impactaría los requisitos de elegibilidad contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El bloque parlamentario mayoritario argumentó que la reforma es necesaria para fortalecer la soberanía nacional, subrayando que quienes ocupan cargos de elección deben demostrar un compromiso incondicional con la nación sin vínculos jurídicos con otros gobiernos extranjeros.

Por su parte, diversas voces en la oposición han señalado que analizarán con cautela el impacto de esta modificación en los derechos político-electorales de los ciudadanos. El debate se centrará ahora en las comisiones del Senado, donde se espera que se realicen las deliberaciones pertinentes antes de que el dictamen pueda ser ratificado y, posteriormente, enviado a las legislaturas de los estados para su aprobación final, al tratarse de una reforma de carácter constitucional.

Esta iniciativa se suma a las reformas prioritarias que la presidenta Sheinbaum ha enviado al Congreso en su actual periodo de sesiones, buscando consolidar cambios estructurales en el sistema político y administrativo del país. La aprobación en la Cámara baja representa un paso significativo para la administración, que ha insistido en la necesidad de blindar las instituciones frente a influencias externas bajo el principio de exclusividad en la representación popular.