Debatirán en el Congreso nueva ley contra el feminicidio en México

La próxima semana, el Congreso de la Unión dará inicio a una serie de sesiones de consulta para analizar la iniciativa de Ley Nacional para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. La propuesta, enviada por la Presidencia el pasado 15 de julio, busca estandarizar los protocolos de actuación en todas las fiscalías del país bajo la premisa de combatir la impunidad en los casos de violencia letal contra las mujeres.

El planteamiento central del Ejecutivo sugiere que la implementación de este marco normativo permitirá a las autoridades estatales contar con herramientas legales uniformes para erradicar el feminicidio. Sin embargo, diversos sectores académicos y defensores de derechos humanos han cuestionado si la creación de una nueva ley será suficiente para transformar la realidad operativa de las fiscalías, las cuales han enfrentado críticas históricas por la falta de aplicación efectiva de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El debate se centra en el fenómeno conocido como fetichismo de la ley, donde la promulgación de nuevas normas se presenta como la solución principal ante problemas estructurales de procuración de justicia. Especialistas advierten que la efectividad de cualquier ley depende de la capacidad técnica, los recursos presupuestales y la perspectiva de género con la que cuenten los funcionarios encargados de la investigación, elementos que a menudo han sido señalados como carencias dentro de las estructuras estatales.

Asimismo, surge la interrogante sobre la preparación del Poder Judicial frente a estos nuevos requerimientos legales. El desafío para el Estado mexicano radica en superar la brecha entre la letra de la ley y su ejecución cotidiana en las fiscalías locales, donde la falta de capacitación especializada ha sido un obstáculo recurrente en la resolución de carpetas de investigación por feminicidio.

Estas sesiones en el Congreso buscarán recoger las voces de expertos y organizaciones civiles para determinar si la estructura punitiva propuesta es la vía adecuada. Mientras tanto, la discusión sobre la eficacia de las instituciones de seguridad y justicia continúa siendo un tema central en la agenda pública nacional.