Cuestionan uso de vuelos privados por parte de la gobernadora Mara Lezama

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se encuentra bajo escrutinio público tras revelarse un análisis sobre el uso de aeronaves privadas para sus traslados oficiales. De acuerdo con datos difundidos por un medio de comunicación, la mandataria habría utilizado 69 vuelos privados, cuyo costo acumulado se estima en aproximadamente 20 millones de pesos, cifra que representaría cerca de un millón de dólares al tipo de cambio actual.

El cálculo realizado por el medio señala que este gasto equivale a unos 13 años del salario nominal que percibe actualmente la titular del Poder Ejecutivo estatal. Este análisis ha generado diversas reacciones en la esfera política local, donde se discute la proporcionalidad y la eficiencia en el ejercicio del presupuesto público destinado a la logística de los traslados de los funcionarios de alto nivel en la entidad.

Desde el equipo de comunicación del gobierno estatal se ha señalado que los desplazamientos responden a la necesidad de atender las agendas de trabajo en los diferentes municipios de Quintana Roo y cumplir con los compromisos institucionales en la Ciudad de México. Asimismo, indicaron que toda la gestión operativa del gobierno se encuentra sujeta a las normativas de transparencia y fiscalización vigentes en el estado.

La controversia surge en un contexto de austeridad promovida por los gobiernos emanados de la administración federal actual. Por su parte, sectores de la sociedad civil han solicitado que se detalle el origen de los recursos utilizados para estas aeronaves y se clarifique si los traslados fueron contratados mediante procesos de licitación pública o asignaciones directas por parte de las dependencias estatales correspondientes.

La discusión pública sobre estos gastos se mantiene abierta mientras se espera que las instancias de transparencia locales brinden mayor información sobre la bitácora de viajes. Los analistas políticos locales sugieren que este tema podría formar parte de las próximas sesiones de revisión de la cuenta pública ante el Congreso del Estado, con el fin de verificar el apego a la ley de disciplina financiera.