Ambientalistas rechazan evaluación gubernamental sobre extracción de gas no convencional

Treinta organizaciones ambientales y comunitarias manifestaron formalmente su rechazo a la evaluación técnica presentada por el Gobierno federal respecto a la extracción de gas no convencional. El posicionamiento conjunto fue difundido este viernes tras analizar los alcances del proyecto, argumentando que las medidas de mitigación propuestas por las autoridades no garantizan la protección de los acuíferos ni la integridad de los ecosistemas locales.

Los colectivos, que agrupan a diversos sectores de la sociedad civil, señalaron que la metodología utilizada por las dependencias federales para evaluar el impacto ambiental presenta deficiencias técnicas. Según los representantes de estas agrupaciones, los estudios ignoran las particularidades geológicas de las zonas donde se planea realizar la fracturación hidráulica, lo cual podría derivar en riesgos significativos para las comunidades aledañas a los campos de exploración.

La controversia se centra en la viabilidad de los proyectos energéticos que el Gobierno federal ha impulsado como parte de su estrategia para asegurar el suministro nacional. Mientras el Ejecutivo sostiene que la extracción de gas es necesaria para la soberanía energética, los grupos inconformes exigen la suspensión inmediata de las actividades autorizadas bajo el argumento de que el modelo extractivista contraviene compromisos climáticos asumidos por México a nivel internacional.

En las próximas semanas, las organizaciones anunciaron que buscarán mesas de diálogo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para exponer sus observaciones técnicas. Asimismo, han solicitado una revisión exhaustiva por parte de organismos independientes para verificar si los protocolos de seguridad cumplen con los estándares vigentes en materia de protección de recursos hídricos y biodiversidad.

La discusión sobre el futuro de estos proyectos se mantiene abierta en el Congreso de la Unión, donde legisladores de distintas bancadas han solicitado mayor transparencia en la información técnica proporcionada por el sector energético. Por el momento, las agrupaciones civiles han reiterado que mantendrán sus acciones de vigilancia en los territorios potencialmente afectados hasta obtener respuestas claras sobre el impacto acumulativo de estas operaciones.